Entrevistado en su oficina de regidores del actual gobierno municipal, Gerardo Arteaga, abogado ambiental y quien fuera director de Ecología afirma estar de acuerdo con la urgencia de una colaboración estrecha entre municipios para resolver problemáticas comunes —donde la sobrexplotación del acuífero y su agua fósil— perjudica a todos por igual.

Su visión es tajante: “Mientras no cambien las políticas públicas respecto al abuso y explotación de los acuíferos a nivel federal, seguiremos con ese 85 por ciento de agua extraída destinada a la agricultura. Aunque en la ciudad de San Miguel de Allende logremos transformar el consumo humano y la gestión del agua, poco podemos hacer para cambiar ese nivel de extracción con fines agrícolas”.

“Si la mayor cantidad del agua que se consume en el municipio se va a la agricultura, el consumo humano es una porción muy pequeña. Y el consumo industrial es todavía menor. De ahí que la Conagua y la Secretaria de Agricultura tendrían que repensar las políticas del agua a nivel nacional. La Ley de Aguas Nacionales marca que si usted tiene la concesión de un metro cúbico para consumo mensual, pero si ahorra y sólo se gasta medio metro cúbico, al cabo de cierto tiempo pierde los derechos del agua que AHORRA. Esta política de extracción está premiando el despilfarro, no el ahorro.”

Gerardo Arteaga considera que esas políticas públicas marcadas en la Constitución Federal rigen el comportamiento de los agricultores. “Nosotros como municipios sólo nos toca lidiar con el agua para consumo humano: la planta de tratamiento, los sistemas de captura de agua de lluvia en la zona rural y el trabajo de Sapasma para evitar las fugas del agua…así como las campañas de ahorro. Esa es la tarea que nos corresponde.”

Una solución más inmediata a la urgencia de conservación sería promover políticas públicas integradas entre municipios. Gerardo Arteaga admite que las fronteras nacionales son iguales que las fronteras estatales y municipales. “Son creaciones humanas. Pero el acuífero no hace distinciones. Es el acuífero de la Independencia y deberíamos trabajar conjuntamente en políticas públicas integradas. Lo que tenemos que hacer es juntarnos, hacer un análisis crear un protocolo donde las partes estén de acuerdo. Eso permitirá tomar acciones en concreto.”

El regidor reconoce que desafortunadamente lo que para este gobierno pudiera ser importante, para otro no lo es. O a lo mejor lo es pero no tiene los recursos para hacerlo. “Y le pongo el ejemplo de Támbula-Picachos. Lo comparten dos estados: Querétaro, Guanajuato y varios municipios. Si San Miguel está orientado a proteger porque en nuestro plan de gobierno la zona está declarada como de conservación ecológica, es una zona a proteger. Si en otro municipio no existe esa política, ¿qué pasa? No hay una protección integral.”

El entrevistado señala que la sociedad tiene que participar para fortalecer la unión entre municipios. Debe exigir a los gobiernos para que trabajen en esta integración de manera puntual. “Tenemos una corresponsabilidad y nosotros como gobierno debemos promover esa fuerza civil. Yo estoy muy conciente, al igual que el presidente municipal, de que hay muchas cosas por hacer. Pero si como sociedad no participamos, tampoco las autoridades pueden trabajar. Debemos transformar nuestra visión de sociedad. Estamos trabajando en ello y ya hay logros interesantes, sobre todo en Támbula-Picachos con el proyecto para estudiantes de Henry Miller.”

A la pregunta de por qué se ha permitido la instalación de un polígono industrial en una zona de recarga del acuífero así como la acelerada urbanización de Tambulo-Picachos, punto estratégico de recarga y conservació, el regidor lo atribuye al pasado. “Usted puede ver aquí el mapa tanto a nivel ciudad como de municipio y este gobierno está respetando las Unidades de Gestión Ambiental. Nosotros no hemos dado ninguna autorización para urbanizar Támbula- Picachos.”

Y continúa: “El polígono industrial se autorizó en la administración anterior. A veces nos gusta pensar que uno puede llegar y desaparecer las cosas. Como Capilla de Piedra, por ejemplo. Pero ya hay derechos legales sobre esas propiedades. Sin embargo, hay que ver el polígono industrial desde otra óptica.”

El regidor asegura que el polígono industrial no es uno en donde se producen piezas y se contamina el agua. “Eso es más falso que un billete de tres pesos. Aquí sólo se ensamblan partes que se reciben de afuera. El agua que se consume es para los empleados y el comedor. Tiene su planta de tratamiento que descarga el agua en pozos pluviales. Hay canales que dejan fluir el agua de lluvia para que se infiltre en el acuífero. Se lo digo porque yo lo he visto.”

El lic. Arteaga advierte que si dejáramos ese espacio libre para la agricultura, —con todos sus productos químicos—, haría mucho más daño al medio ambiente. “Yo sí creo que los países más avanzados de la Tierra es gracias a la industria y servicios y por ello pueden destinar dinero al medio ambiente. Los países con un ingreso per capita alto invierten en el medio ambiente.”

Para concluir, el regidor señala una paradoja, desde su punto de vista, infranqueable: “estamos concientes de que la agricultura genera el gran consumo del agua mientras que también queremos generar fuentes de empleo. Aquí hay un equilibrio muy precario. O generamos empleos y mejor calidad de vida para los habitantes o generamos empleos ecológicamente sustentables que no siempre garantizan una mejor calidad de vida.”

Ver transcripción completa en la sección Diálogos del Agua de nuestra página www.aguavidasma.org

 

 

Councilman of the Municipal Government of San Miguel, Gerardo Arteaga, who is an environmental lawyer and former Director of Ecology, believes the municipalities must engage in a close collaboration to solve common problems concerning the overexploitation of the aquifer and its fossil water, which affects everyone alike.

His perspective is clear: ” As long as the federal policies regarding the abuse and exploitation of the aquifers do not change, we´ll continue extracting 85 percent of the water for agricultural use. Even if the city of San Miguel de Allende were to transform its water management policies and promote conservation habits in every household, little can be done to change that level of extraction destined for agriculture.”

“Human water consumption represents only a small portion. And the industrial use is even less. Hence CONAGUA and the Secretary of Agriculture have to rethink their water policies at a national level. The National Water Law states that if you have a concession of one cubic meter for monthly use, but spend half a cubic meter only, after some time you lose the right to the water you SAVED. This extraction policy is rewarding waste, rather than conservation. ”

Arteaga asserts that these public policies in the Federal Constitution govern the farmers´ behaviour. “Municipalities only deal with the distribution and sanitation of water for human use : the treatment plant, rainwater capture systems in the rural areas and Sapasma´s prevention of water leakage … as well as conservation campaigns. This is our task at hand.”

A more immediate solution to the local urgency for conservation would be to promote integrated public policies between municipalities. Arteaga accepts that national borders are the same as state and municipal boundaries. “They are human creations. But the aquifer does not make distinctions. There is only one Independence Aquifer, and we should work together on integrated public policies. What we must do is get together, analyze the situation and create a protocol where all parties agree. That would lead to concrete actions.”

The councilman is aware that, unfortunately, not all municipal governments agree on the priorities. Or sometimes one government has the financial resources and the others don´t. “Take for example the case of Támbula-Picachos. It is shared by two states–Querétaro, Guanajuato– and several municipalities. If San Miguel is oriented towards protecting that area because in our government plan that zone is declared for ecological conservation, then we protect it. But if another municipality doesn´t have the same policy, what happens? There is no comprehensive protection.”

Arteaga points out that the citizens have to participate in the strengthening of the municipalities’ cooperation. It must exhort governments to work on this integration in a timely manner. “We also have a responsibility, and as a government we must promote that social force. I am very aware, as is the mayor, that there is much to be done. But if the citizenship does not get involved, niether can the authorities do their work. We must transform our vision of our responsibilities. We are working on it, and there are already interesting results, specially in Tambula-Picachos with Henry Miller´s student project.”

According to Arteaga, the creation of an industrial zone in an area of ​​recharge and conservation of the aquifer, as well as the accelerated urbanization of Tambula-Picachos is attributed to official permits in the past. “You can see the map right here. This government is respecting the Environmental Management Areas of the development plan. We have not given any authorization to urbanize Támbula- Picachos.”

He explains that “the industrial zone was authorized in the previous administration. Sometimes we like to think we can come in and make things disappear. Like Capilla de Piedra, for example. But there are legal rights to those properties. However, you have to see the industrial zone from another perspective. ”

He assures us this is not one where auto parts are produced and the water is contaminated. “That is more false than a three-peso bill. The parts are received from elsewhere and are assembled here. The water is for the use of employees and the dining room. It has its treatment plant that discharges the water into stormwater wells. There are channels that allow rainwater to flow to infiltrate the aquifer. I have seen it with my own eyes. ”

Arteaga asserts that, if that space had been left to agriculture, there would have been MORE damage to the environment. “I believe that the most advanced countries on Earth —thanks to industry and services– can invest money in the environment. Countries with high per capita income are investing”

There is a paradox, however, which is insurmountable: “We are aware that agriculture generates the greatest consumption of water, while we also want to create jobs. This is a very precarious balance. Either we generate jobs and improve people´s quality of life, or we generate ecologically sustainable alternatives that do not always guarantee a better standard of living.”

Read the complete transcription of the interview in the Water Dialogues section of our website www.aguavidasma.org

 

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